La seguridad en Bogotá se ha convertido en un asunto que está sirviendo para que algunos sectores políticos de oposición al gobierno del alcalde Samuel Moreno Rojas busquen sacar réditos políticos desfigurando las cifras o desconociendo los avances obtenidos, habida cuenta que los diversos sucesos que en materia de orden público que acaecen a diario en una ciudad de las dimensiones de la capital colombiana sirven de pretexto para atacar los esfuerzos que se vienen realizando para mejorar la convivencia ciudadana.

Por eso se convoca a debates al Alcalde de Bogotá en la Cámara de Representantes por bancadas de la oposición y simultáneamente se publican artículos de prensa sosteniendo en forma falaz que la administración miente o manipula las cifras relacionadas con el tema de la seguridad.

Un opinador en el diario El Tiempo planteó la necesidad imperiosa de "volver a utilizar las cifras ciertas y confiables de muertes violentas del Instituto de Medicina Legal" para que los diagnósticos sean correctos.

Lo que ocurre es que la administración distrital durante el primer trimestre de este año demostró diferencias sustanciales en las metodologías utilizadas por la Policía Metroplitana que son las que toma como referencia y las de Medicina Legal en cuanto a número de homicidios.

Para el Distrito, el número de homicidios no coincide por tres razones: primero, porque las fechas de corte de cifras no son iguales. Segundo, porque el Distrito usa como fuente para sus estadísticas información de la Policía y no de Medicina Legal y tercero porque esta entidad incluye en los homicidios los casos de aborto y el Distrito no. Además, arguye la administración, Medicina Legal puede tardar meses en determinar si casos de muertes violentas corresponden o no a homicidios.

También en el cálculo de la tasa, el Distrito ha demostrado que la diferencia radica en que Medicina Legal la calcula con base en el censo del 2005, que tiene un registro de 406.570 habitantes menos que las proyecciones del Dane que utiliza Bogotá para hacer sus mediciones. Para la administración, el censo del 2005 no se puede usar para calcular la tasa de homicidios porque todavía no ha sido aprobado por ley en el Congreso.

Aunque es obvio que las cifras son relevantes porque contribuyen a hacer una radiografía de los fenómenos sociales, lo fundamental es contar con una política coherente que permita adoptar medidas y mecanismos que, como en el caso de la seguridad bogotana, logre obtener resultados.

El gobierno de Moreno Rojas cuenta con una sólida estrategia de seguridad ejecutada por la Policía Metropolitana y consensuada con algunos gremios como Fenalco y la Cámara de Comercio para fortalecer redes ciudadanas.

Dentro de esa política, la Secretaria de Gobierno de Bogotá diseñó el Plan de Prevención Integral que comprende diversas acciones en materia de vigilancia de instituciones del Estado, estaciones de policía, zonas consideradas de riesgo, estaciones de TransMilenio y control de circulación de vehículos, entre otras. Igualmente, en lo que resta de este año se pondrá en marcha una Fuerza de Control Urbano que cuenta con 1.000 unidades nuevas, lo cual incrementará el pie de fuerza de la Policía en la ciudad.

Adicionalmente, se vienen adoptando medidas para frenar las acciones del paramilitarismo que en Bogotá ha logrado reconvertirse en un fenómeno mafioso de lavado de activos, dando lugar a bandas delincuenciales que incursionan en diversos tipos de negocios.

Es que el tema de la seguridad en Bogotá está directamente afectado por el ya inveterado conflicto armado. En efecto, la capital alberga 70 mil desplazados anualmente; 40 familias llegan diariamente a las cuales el Distrito les brinda educación y salud en forma gratuita; también acompaña a cuatro mil desmovilizados en proceso de reintegración a la sociedad. En cierta forma en Bogotá se vive el conflicto y el posconflicto (proceso de justicia transicional como el de Justicia y Paz) a la vez.

Lo importante es que la ciudad capital cuenta con una política pública de seguridad liderada por la administración distrital, y con una fortaleza institucional que permite articular acciones con las entidades nacionales para enfrentar los problemas de orden público e inseguridad.